LA APM PIDE A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS QUE EXIJAN A LAS EMPRESAS INFORMATIVAS QUE LUCHEN CONTRA LA PRECARIEDAD LABORAL
Ante el imparable avance de la precariedad laboral en la profesión periodística en Extremadura, la Asociación de la Prensa de Mérida (APM) quiere expresar la necesidad de que las Administraciones Públicas exijan a las empresas informativas de la región el escrupuloso cumplimiento de las condiciones laborales de los trabajadores al servicio de los medios de comunicación, como condición imprescindible para recibir ayudas, subvenciones o campañas publicitarias institucionales.
Periodistas y trabajadores de algunos medios extremeños padecen ya una precariedad insostenible, agudizada a lo largo de estos dos últimos años, algo que pone en peligro el libre y adecuado ejercicio del periodismo y, por tanto, el desarrollo normal de la libertad de expresión, pilar básico de la democracia.
Desde la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), organización en la que está integrada la APM, se ha advertido en repetidas ocasiones de que el periodismo de calidad tiene un coste, y que la inexistencia o deterioro de la regulación laboral amenaza y debilita gravemente el producto informativo.
Los últimos datos conocidos revelan, por ejemplo, que el 42% de los periodistas que trabajan en prensa diaria son contratados como colaboradores. La precariedad es, por tanto, uno de los mayores enemigos de la independencia profesional y los periodistas que ejercen en estas condiciones uno de los colectivos más vulnerables.
Los jóvenes profesionales son quienes peor pago reciben por su trabajo, sobre todo cuando disfrutan de un periodo de prácticas profesionales durante el cual muchas veces asumen responsabilidades fuera de su competencia, en jornadas innecesariamente prolongadas y a cambio de indignas contraprestaciones económicas.
En un momento en el que la profesión atraviesa la peor crisis de su historia, con la pérdida de más de 3.400 puestos de trabajo en España en los dos últimos años, según datos del Observatorio de la Crisis dirigido por la FAPE, la APM se suma a las reivindicaciones de la Federación y llama a los editores a negociar con los representantes sindicales un futuro viable para sus empresas, que acabe con la precariedad laboral que padecen los profesionales de la información y que también afecta a becarios que asumen responsabilidades propias de un puesto de trabajo estructural sin remuneración alguna.
De hecho, la Inspección de Trabajo se ha comprometido con la FAPE a reforzar el control sobre las condiciones laborales en los medios, y en especial en los periodos de aprendizaje.
En cuanto a los medios de comunicación públicos, sería deseable no establecer contrataciones con aquellas productoras externas que no respetan convenientemente los derechos laborales de los periodistas y trabajadores que tienen a su cargo, puesto que con el dinero público es aún más exigible la creación de empleo de calidad.
Por otra parte, la APM hace un llamamiento a todos los periodistas profesionales que ejercen en la región para que se sumen a la creación del Colegio Profesional de Periodistas de Extremadura, órgano necesario no sólo como estructura de defensa de los intereses profesionales, sino para asegurar la calidad de un servicio ciudadano, que en este caso es el derecho a la información.
