La Red de colegios Profesionales de Periodistas considera necesario concretar garantías legales para quienes ejercen el periodismo y sus fuentes, amparadas en cualquier caso en el marco de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Sin embargo, y precisamente por eso, entienden que es un error pretender legislar sin tener en cuenta las peculiaridades de la profesión periodística. Una profesión en la que el intrusismo y la falta de regulación provocan la indefensión de la ciudadanía ante la desinformación.
El primer reto al que se enfrenta esa futura ley orgánica sobre el secreto profesional es determinar quiénes son los sujetos de ese derecho. Para los colegios de periodistas, tal y como recoge la Constitución, los únicos sujetos de ese derecho son los profesionales periodistas, y según la Red, profesional periodista es la persona que contando con la titulación y la formación universitaria específica, investiga, recopila, analiza y difunde información veraz por cualquier medio de comunicación, guiado en sus actuaciones por los códigos deontológicos de la profesión periodística. No exigir estos requisitos en esta ley supondría amparar con este singular derecho a cualquier persona que difunda cualquier tipo de contenido. En segundo lugar, también es necesario afinar en la definición de medio de comunicación social, para evitar que cualquier soporte de difusión de contenidos de cualquier naturaleza reciba garantías que no le corresponden en virtud de este derecho.
La Red de Colegios Profesionales de Periodistas recalca que para legislar sobre un derecho tan singular como la libertad de prensa, es necesario hacerlo de acuerdo con los colectivos profesionales porque no hacerlo puede provocar el efecto contrario, es decir la restricción del disfrute del derecho a recibir información veraz por parte de la ciudadanía.
Desde la Red de Colegios de Periodistas se recuerda también la necesidad de poner en marcha el Consejo General de Colegios de Periodistas de España, reclamación que los colegios de periodistas llevan años haciendo y que vendría a resolver la falta de interlocutor institucional legal en el ámbito estatal. Una circunstancia que para las organizaciones colegiales no es ni baladí ni casual y que provoca que los profesionales del periodismo en España no puedan hacer su trabajo con todas las garantías. Al tiempo que se está cercenando e impidiendo el desarrollo de funciones que legalmente tienen atribuidas como corporaciones de derecho público.
El Consejo General de Colegios de Periodistas de España es fundamental para representar el interés público al que responde el ejercicio de la profesión periodística a nivel nacional, desarrollar sistemas de autorregulación y proteger el derecho a la información de toda la ciudadanía española, de forma igualitaria y sin discriminaciones. Algo que no está ocurriendo hoy en día.
