El próximo lunes, 19 de septiembre, la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia debe decidir si admite la tramitación de la proposición de ley para Raditotelevisión de la Región de Murcia (RTRM) efectuada por los grupos parlamentarios PSOE y PODEMOS, cuyo texto aboga por un cambio en el modelo de gestión de la televisión autonómica. El trámite de urgencia anunciado establece un calendario que fija el Pleno de debate de la totalidad de la Ley para el jueves 22 de septiembre, y el del articulado para el jueves 29.
Este Colegio ya ha manifestado su opinión sobre la conveniencia de que esta modificación normativa hubiese partido de un escenario previo, dando participación al sector a través de sus organizaciones representativas. No ha sido así, por lo que todo parece indicar que podemos estar abocados a un proceso que, antes de iniciarse, debiera contar al menos con respuesta a alguna de las incertidumbres que genera, especialmente en materia de empleo y de continuidad de la programación.
Se viene afirmando, por ejemplo, que la justificación del trámite de urgencia es el inminente vencimiento del primer trienio del contrato programa, por lo que la Ley debe ser aprobada al objeto de evitar una prórroga del contrato con la actual concesionaria, que tiene vigencia hasta el 30 de abril de 2017.
Se ha afirmado también -ayer lo hizo el PSOE a través de un comunicado- que se introducirá una enmienda en la proposición de Ley para “garantizar la subrogación de los trabajadores de 7RM”, al objeto de garantizar la estabilidad y calidad de sus puestos de trabajo.
Cabe concluir de lo anterior que la intención que se persigue -hay quienes abiertamente incluso así lo manifiestan- es que a partir del 1 de mayo de 2017 sea una nueva empresa la que asuma la producción de informativos, dentro del periodo transitorio que la proposición de Ley fija en un máximo de 2 años, quedando obligada dicha empresa a la subrogación de los actuales trabajadores, para que no se vean abocados al paro.
Ahora bien, esta afirmación implica también la necesidad de convocar y resolver, antes del 30 de abril, un proceso de licitación, sometido en consecuencia a los requisitos y plazos de la Ley de Contratos del Sector Público. ¿Creen posible los Grupos Parlamentarios que un concurso que, por la cuantía económica que representa, conlleva meses de tramitación, puede realmente estar convocado y resuelto antes de esa fecha? ¿Qué argumentos son los que sostendrían dicha afirmación? y, no siendo la Asamblea Regional el órgano de contratación, ¿qué garantías pueden ofrecerse desde el legislativo para que así sea?
Por otro lado, creemos exigible una respuesta clara e inequívoca, desde el punto de vista jurídico, a otra de las dudas que, razonablemente, surgen en estos momentos. ¿Puede convocarse un proceso de licitación sin la previa modificación del Mandato Marco y del Contrato Programa? La pregunta es pertinente porque el concurso debe obedecer al escenario fijado en el Contrato Programa, que a su vez ha de ser suscrito conforme a lo establecido en el Mandato Marco. Ambos documentos se encuentran referidos a la Ley actual, por lo que ambos han de ser modificados para que se ajusten a la nueva Ley.
De hecho, la proposición de Ley presentada establece que la aprobación del Mandato Marco requerirá una mayoría cualificada de dos tercios de la Asamblea Regional, cuestión esta que parece saludable, puesto que implica que ha de alcanzarse un amplio consenso político, a todas luces deseable para evitar, al menos en este punto, cualquier tipo de controversia. Sin embargo, es lógico deducir que tales consensos no suelen alcanzarse con facilidad. Antes bien, requieren un cierto tiempo de negociación.
Alertamos, por tanto, de cuestiones que consideramos pueden convertirse en un riesgo cierto de que, a partir del 1 de mayo, en lugar de un periodo de transición de un modelo, el actual, a otro, el que resultase de la aprobación de la nueva Ley, nos enfrentemos sin embargo a un nuevo apagón de la televisión autonómica, como el ya experimentado en el anterior cambio de modelo, momento en el que también se llegó a afirmar que tal situación no iba a suceder.
Los plazos obligatorios para el concurso nos acercan, por sí mismos, peligrosamente a ese escenario. Si a ello hubiera que añadir un tiempo indefinido para la tramitación del Mandato Marco y del Contrato Programa, el desenlace inevitable sería el de más de doscientos profesionales enviados al paro, sin subrogación posible. Esto es así porque no solo estaría afectado el empleo directo. También lo estaría el trabajo de las productoras audiovisuales, puesto que la contratación de estos programas depende de la misma normativa y estaría supeditada asímismo a los correspondientes procesos de licitación. En suma, podría haber apagón sin horizonte ni fecha cierta para nuevas emisiones.
Alentamos, por tanto, a quien corresponda, que explique por qué razones debemos concluir que tales riesgos no existen pues, hasta la fecha, más allá de declaraciones, sin duda bien intencionadas, no se han ofrecido los argumentos que, a nuestro entender, deben sostener tales afirmaciones.
Desconocemos también el escenario presupuestario que pudiera estarse manejando, siendo exigible en este punto sostenibilidad económica, pues por desgracia ya hemos asistido, en tiempos cercanos, a posturas que pretendían enfrentar un servicio público, como es el que presta la televisión autonómica, a otros servicios públicos, como si de una cuestión de optar entra la continuidad de uno u otro se tratara. Todo ello por no hablar de los medios técnicos y las instalaciones necesarias para que los informativos puedan realizarse con normalidad a partir del 1 de mayo, de los que tampoco dispone RTRM.
Por todo ello, instamos de nuevo a no acometer ninguna reforma sin que antes quede claro el proceso, ya que las consecuencias pueden distar mucho de los objetivos perseguidos. Será a la luz de estas cuestiones, y no antes, cuando pueda definirse el mejor de los caminos para construir, y en esto la posición del Colegio será siempre favorable, una televisión plural, de calidad, que vele por la dignidad profesional y por el rigor y la independencia informativa, cualquiera que sea el modelo de gestión bajo el que se rija.
