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EL COLEGIO DE PERIODISTAS PIDE A PARTIDOS POLÍTICOS E INSTITUCIONES QUE COLABOREN EN LA DEFENSA DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN

El Colegio Oficial de Periodistas de la Región de Murcia, reunido en Asamblea General Ordinaria, ha acordado dirigirse a cuantos partidos políticos tienen representación en los ayuntamientos y en la Asamblea Regional, así como a las propias Corporaciones locales y a la nueva Presidencia del Gobierno regional, a fin de solicitar su colaboración en la defensa del derecho a la información de los ciudadanos.

Esta defensa ha de asentarse en una política activa en materia de comunicación, que facilite la labor de los periodistas ya que, recuerda, «son éstos los encargados de hacer llegar los hechos noticiables a la sociedad», una labor que siempre ha de desarrollarse con criterios de veracidad e independencia, desde el respeto al Código Deontológico de la profesión.
En especial se solicita a los representantes públicos que hagan posible que la labor de los informadores se lleve a cabo siempre en las mejores condiciones, evitando convocatorias en las que no esté permitido realizar preguntas, en las que se intente acotar los temas sobre los que preguntar, o en las que se pongan trabas para facilitar la información solicitada. Igualmente, se insta a cumplir los horarios, evitando convocatorias en las que se someta al informador a tiempos de espera innecesarios, retrasos injustificados, o que tengan lugar en espacios que no se encuentren mínimamente acondicionados para realizar una rueda de prensa.
Por otra parte, y desde el punto de vista de la comunicación institucional, el Colegio de Periodistas considera una mala práctica que la misma se encargue a personas que no disponen de la necesaria formación –el grado universitario en Comunicación–, lo que va en detrimento de la calidad y responsabilidad informativa y, por supuesto, de la transparencia.
El Colegio solicitará, en este sentido, a todas las instituciones y empresas públicas, que sus departamentos de Comunicación sean integrados por periodistas. Anualmente, además, emitirá un informe para evaluar el grado de cumplimiento de esta exigencia, por parte del sector público regional.

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