Rafael de Mendizábal Allende, el que fuera presidente de la Audiencia Nacional y magistrado del Tribunal Constitucional, elegido en 1992 por el Congreso de los Diputados con el apoyo de todos los partidos, sustituye a Manuel Núñez Encabo
Numerosos cargos avalan la elección de este doctor en Derecho y licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Mendizábal ha sido presidente de Sala del Tribunal Supremo, juez ad hoc del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, consejero del Tribunal de Cuentas y vocal permanente de la Comisión General de Codificación.
Rafael de Mendizábal es sucesor de Antonio Fontán, primer presidente de la Comisión, y Manuel Núñez Encabo, que dejó el cargo el pasado mes de julio. Núñez también es doctor en Derecho, licenciado en Filosofía y Letras, y diputado del Congreso por el PSOE entre 1979 y 1989; así como ponente y redactor del Código Europeo de Deontología del Periodismo del Consejo de Europa (2003)
Ingresó por oposición con el número 1, en el Cuerpo General de Administración de la Hacienda Pública y en la Escuela Judicial. Ha sido Juez de Primera Instancia e Instrucción de Medinaceli, Castuera y Burgo de Osma; Magistrado y Presidente de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Mendizábal fue creador de la Audiencia Nacional, y uno de los principales artífices del reconocimiento del Partido Comunista en 1977. Ha sido subsecretario de Educación y Ciencia, y Justicia, desde donde participó activamente en la “transición”. Incluso fue asesor del primer presidente y del Gobierno de Guinea Ecuatorial, dentro del programa de Ayuda y Colaboración.
Es fundador de la revista Actualidad Administrativa de La Ley, una de las publicaciones especializadas en Derecho Administrativo más completa del país.
Mendizábal ha sido reconocido con distinciones del más alto rango, como la Gran Cruz de Isabel la Católica, la de San Raimundo de Peñafort, y la de Alfonso X el Sabio.
Pero sobre todo se le reconoce su labor jurisprudencial y doctrinal en defensa de la libertad de expresión, con galardones como el Premio Miguel Moya 2010 de la Asociación de la Prensa de Madrid.
La Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo es un órgano independiente integrado por miembros destacados del mundo periodístico, jurídico, social y académico, que ha emitido ya más de un centenar de laudos sobre el tratamiento de la información en los medios.
Se constituyó como órgano de autocontrol deontológico de la profesión periodística y su objetivo es fomentar el periodismo ético, a través de la mediación.
La Comisión actúa de árbitro entre la profesión periodística y los ciudadanos que se sientan afectados por determinadas informaciones. Su autoridad es moral, y viene otorgada por las organizaciones profesionales y los periodistas adheridos a ella, siendo una alternativa a los tribunales.
La creación de la Comisión responde a las exigencias de los Estatutos de la FAPE. El artículo 1.3 establece que la Federación asume “la tutela y al estímulo del cumplimiento de la buena práctica profesional y del respeto a la deontología periodística”. Y el artículo 4.b dispone que es función de la Federación “velar por el cumplimiento de los principios deontológicos en el ejercicio de la actividad periodística, especialmente por los contenidos en los dictámenes de la Comisión de Quejas”, que, a su vez, vela por el cumplimiento del Código Deontológico de la FAPE, y está integrada en la Alliance of Independent Press Councils of Europe.
Esta Comisión está avalada por la Fundación de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo, a cuyas decisiones se han adherido más de medio centenar de medios, entre ellos los grandes grupos informativos.
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